El estudio
“Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano (2000-2012)” dado a
conocer por la Consultoría Integralia y el Centro de Estudios Espinosa
Yglesias, prohibir la publicidad oficial, combatir el clientelismo y reducir
los gastos en campañas, son algunas de las medidas que deberían incluirse en el
debate sobre la reforma electoral.
Las cifras
de los investigadores revelan que entre el 2004 y el 2012, el costo
presupuestal acumulado de la democracia electoral a nivel nacional fue de 70
mil millones de pesos, donde se incluye el costo de mantener al IFE, los 32
institutos electorales estatales, al Tribunal Electoral Federal (TEPJF) y los
32 tribunales locales.
Los datos
más relevantes corresponden a las cifras de gastos publicitarios. Así, las
prerrogativas de los partidos políticos representan el 30% del presupuesto
total destinado a la democracia electoral. Además, la cantidad prevista para el
partido aumentó en 10% en el ámbito estatal.
Por lo
tanto, los organismos proponen restringir fuertemente la publicidad oficial del
gobierno no sólo durante las campañas, sino en todo momento.
Esto, con el fin
de estimular un sistema de medios que viva más de audiencia y de los
anunciantes que de los presupuestos públicos y campañas electorales.
Finalmente,
el estudio concluye que existen muchos otros recursos que no están contemplados
pero que provienen de financiamiento privado, desvío de recursos públicos y el
valor económico no calculado de los spots gratuitos de radio, TV y donaciones
en especie.
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